Tout conte lu

Suelo leer todo lo que cae en mis manos, incluso lo que otros me recomiendan. Pero como bien saben los que me conocen, los asuntos que tratan de raíces, de memoria histórica, no suelen dejarme indiferente. Sefarditas del siglo XV, descendientes de armenios del primer genocidio contemporáneo, exiliados de la guerra civil, palestinos de la diáspora, ¿qué importan las etiquetas? Todos ellos se parecen, viven con la herida del desarraigo, hablan de "su" tierra como si cada árbol, cada piedra, cada casa siguiese inmutable en el lugar que ocupaba. Como si fuesen a regresar mañana.


Llevaba tiempo queriendo leer esta novela, desde que supe de su existencia. Gracias a la proverbial amabilidad de su autor, el bueno de Alain Bonet, que me fió los 16 eurillos que cuesta, dinero que en ese momento no llevaba encima, he podido hacerlo. Alain, te pagaré. Palabrita de Niño Jesús.

Tout conte fait es sólo parte de la historia de cuatro generaciones de emigrantes de la Vega Baja en Argelia. Pied noirs españoles arrancados de su tierra y luego franceses por derecho de nacimiento. Dicho así podría parecer una autobiografía más de las que engrosan la sección de oportunidades de las librerías. Ni siquiera es un "novelón", una de esas sagas familiares que podrían llenar miles de páginas. Tout conte fait carece de pretensiones épicas y su estructura la forma, como si de una exposición se tratase, una sencilla succesión de cuadros no necesariamente cronológicos que se extienden a lo largo de tres siglos. Desde el bisabuelo que, huyendo de la miseria y del servicio militar en las colonias españolas, reúne como puede el dinero que le cuesta el pasaje a Orán hasta el amigo de juventud felizmente recuperado casi ayer mismo. Una peculiaridad tiene este libro y ese algo que lo hace diferente es la implicación, la honestidad personal con la que su autor expone sus vivencias, a veces las más dolorosas y ello sin resentimiento alguno. Porque es cierto que no hay mucha diferencia entre la bomba de la OAS que mata árabes en Bab el Oued y la bomba del FLN que mata europeos en un barrio residencial de Argel.

La historia oficial de los Pied noirs argelinos, de la mayoría de ellos, termina bruscamente en la primavera de 1962. A renglón seguido de la firma de los acuerdos de Evian, un millón de personas abarrotó durante escasos meses puertos y aeropuertos para conseguir un pasaje que les condujese a la metrópoli. Algunos pudieron liquidar sus propiedades y marchar ordenadamente; muchos otros se fueron con lo puesto, confiando en futuros planes de "integración" del Gobierno. No pocos de ellos pisaban Francia por primera vez. Atrás quedaban las gentes, los lugares, los recuerdos de toda una vida. Algunas de estas personas experimentaban por segunda vez el castigo del exilio: los republicanos españoles, por ejemplo, que habían llegado a Argelia a través de Francia, después de 1939.

El exilio de Alain comenzó un día de julio de 1962, en una terminal de aeropuerto colapsada por miles de modernos refugiados, casi tirando de sus atemorizadas hermanas menores. Fue a bordo de un Caravelle que le llevaba a Francia donde entendió que no iba de vacaciones. No regresó hasta pasados 10 años, y para entonces el mundo que le era familiar ya no estaba.

El balneario de Arzew, ma Thébaïde, el cuchitril de Perrigaux existirán mientras alguien sea capaz de recordarlos y muy especialmente, de sentir su pérdida como un íntimo drama personal. Luego dejarán de existir para siempre y serán sólo una historia más.

"Tout conte fait ou la perte des racines"

Por Alain Bonet i Juan, con diseño de portada de Paco Sales, original artista.

El autor dedicará ejemplares el próximo jueves 9 de diciembre, entre las 17:00 y las 20:00 horas en la librería "Euro Llibres", calle Dr. Olóriz, de València.

Porqué la huelga general es necesaria

De mi analista de políticas públicas de cabecera, Vicenç Navarro, ya lo conocéis.

“Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.

Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.

A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.

Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.”

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

La invisibilidad de las víctimas, por Juan Diego Botto

Artículo publicado en EL PAÍS el 18/04/2010. Claro y conmovedor.
Juan Diego Botto, hijo de desaparecido de la dictadura argentina, es actor.

¿Qué democracia es esta que tiene una deuda imperdonable con más de 113.000 desaparecidos?
La primera persona que va a ser juzgada por los crímenes del franquismo es precisamente la única que ha pretendido investigarlos. Esta paradoja cuestiona la naturaleza de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura.
Mi generación (nacidos en 1975) siempre pensó que era cuestión de tiempo, que cuando la democracia estuviera asentada llegaría el momento de las víctimas. Lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Este auto del juez Luciano Varela es el equivalente a la peor de las leyes de punto final. Peor, porque en este país ya nadie pedía sentar en el banquillo a los responsables. Lo único que se pedía era dar amparo a víctimas y familiares.
Preguntémonos con qué autoridad moral se asienta un Estado de derecho que investiga a quien comete un asesinato pero no a quienes cometen 100.000; que investiga la desaparición de una niña pero no la de decenas de miles de personas; que persigue a quien roba un coche pero no a quien organiza un entramado para robar niños. Sobre esa estructura es improbable que alguien llegue a confiar en sus instituciones. La mejor manera de garantizar que ningún grupo ose alzarse de nuevo contra la democracia es demostrar que la justicia será con ellos implacable. Pero a quienes lucharon por la República se les ha premiado con una fosa común con vistas al olvido.
Según las encuestas, la mayoría de los españoles prefiere la democracia a la dictadura franquista, a la que la mayoría considera sangrienta. Ello presupone que cualquier gobierno en estos años de democracia estaba legitimado para enfrentar una tarea que, sin embargo, ninguno acometió.
Se trataba, simplemente, de catalogar esos delitos como lo que son y, más importante aún, ofrecer reparación a las víctimas. Si desde el Estado se cometieron los crímenes -y se hizo además desde las fuerzas del Estado y en nombre del Estado- es éste, sin duda, el que debe asumir buscar, desenterrar y averiguar cómo fueron eliminados sus ciudadanos. La visibilidad de casi 1.000 víctimas del terrorismo etarra es uno de los grandes aciertos de la democracia española; sin embargo, la lacerante invisibilidad de los al menos 113.000 desaparecidos y miles de torturados, encarcelados y exiliados es una de sus más imperdonables deudas.
En cuanto a la Historia, se recurre a menudo al argumento de la equidistancia: "Por ambos bandos se cometieron atrocidades". Sí, muy probablemente el bando republicano cometiera crímenes de guerra. Todos deberían ser investigados. Ahora bien, eso no puede nunca oscurecer el hecho históricamente nítido de que la contienda tuvo un responsable, un bando que se sublevó contra la democracia y que ello derivó en una guerra. Más aún, no se puede negar que hubo durante la guerra y también en los años posteriores a ella un plan sistemático para acabar con un grupo político o ideológico.
Ampararse en que ambos bandos cometieron atrocidades para igualar a los contendientes sería tanto como afirmar que no se puede juzgar a los nazis porque los aliados también cometieron crímenes. Sin lugar a dudas las cometieron. Es difícil pensar que los bombardeos sobre Dresde no fueran un crimen de guerra. Eso, sin embargo, no ampara ni una sola de las atrocidades cometidas por los nazis.
Para sostener que hubo prevaricación, el juez Varela señala que la Ley de Amnistía impide juzgar los crímenes del franquismo. Pues bien, aclaremos que la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide la nulidad de dicha ley, porque los delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden estar sujetos a leyes de amnistía. Son delitos considerados tan graves que no se permite a los políticos el derecho de amnistiarse ni arrebatar a las víctimas el derecho a obtener justicia. Por otra parte, esa interpretación que coloca la Ley de Amnistía por encima del amparo a las víctimas es contradictoria con los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución, en vinculación con varios tratados y convenciones internacionales suscritos por España.
Varela indica, además, que los delitos han prescrito, pero eso solo sería posible si se observa cada caso individualmente, es decir, si se niega la existencia de crímenes masivos y por ende, la intencionalidad del franquismo de cometerlos, dado que los crímenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben.
Varela señala también que Garzón ha incumplido la Ley de la Memoria Histórica al usurpar tareas que corresponden a la administración, lo cual es falso, porque dicha ley señala en su disposición adicional segunda que las previsiones contenidas en la misma son compatibles con el ejercicio de las acciones establecidas en las leyes o tratados y convenios internacionales suscritos por España.
Cuando la justicia da cobertura a una dictadura a costa de negar auxilio a sus víctimas, cuando se actúa de espaldas a la voluntad de la mayoría, ¿qué Estado de derecho es éste? ¿Qué democracia es ésta?